La decisión genera incertidumbre sobre el mantenimiento, la seguridad vial y la continuidad de los servicios. El tránsito podría incrementarse ante la falta de costos para cruzar.
La gestión del puente Rosario-Victoria pasará a manos de Vialidad Nacional, luego de la finalización del contrato de concesión con la empresa Caminos del Río Uruguay. Con esta transición, también se interrumpirá el cobro de peaje, una medida que genera interrogantes más allá del alivio económico para los automovilistas.
La suspensión del peaje no sólo marca un cambio en la forma de financiamiento del corredor, sino que abre una serie de incertidumbres operativas. El mantenimiento de la traza, la provisión de servicios de asistencia y la seguridad vial son algunos de los aspectos que, de ahora en más, dependerán directamente del Estado nacional.
En base a los datos oficiales a los que accedió El Litoral, la concesionaria saliente no garantizará las tareas habituales tras el traspaso, lo que pone en duda la continuidad inmediata de los servicios básicos sobre el puente. Además, se supo que la empresa no cuenta con los fondos para afrontar las indemnizaciones de su personal.
Emergencias y deterioro
Aunque la cifra de despidos ronda los 500 trabajadores, el impacto más visible para los usuarios será la eventual falta de cobertura ante emergencias y el deterioro de la calzada. Sin equipos asignados para tareas de mantenimiento, la infraestructura corre el riesgo de degradarse con mayor rapidez, en un tramo clave para la conectividad regional.
Otro punto que preocupa es el posible aumento del caudal vehicular. La eliminación del peaje (los autos pagan $ 900 para cruzarlo) convierte al puente en una opción más tentadora para los transportistas y automovilistas que antes optaban por otras rutas. Sin controles reforzados ni planificación adicional, el tránsito podría colapsar en horas pico.
Además, el puente conecta dos zonas productivas estratégicas para el litoral argentino, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento afecta directamente a la circulación de bienes, servicios y personas. Lo que parecía una buena noticia para los bolsillos, podría generar un efecto adverso en la logística regional.
Situaciones de peligro
La medida fue anunciada como «temporal», pero no se ha comunicado una fecha estimada para la nueva licitación ni qué empresa podría hacerse cargo de la traza. Tampoco está claro qué recursos concretos dispondrá Vialidad Nacional para garantizar la operatividad diaria del corredor.
