El presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.
El decreto 788/19 , firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, hace una reconversión tardía sobre la línea que venía sosteniendo el actual gobierno. Tardíamente, ahora llama a defender los derechos de los trabajadores estatales. Aunque en este caso se preocupa por el escalafón de gerencias. De promover los despidos masivos al comienzo de su Gobierno y cuestionar a quienes se resistían a quedar sin trabajo como «ñoquis» o «grasa militante», Macri pasa al final de su mandato a crear un sistema para que los cargos jerárquicos del Estado tengan estabilidad.
Concretamente, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años. Exactamente lo opuesto a lo que exigía el macrismo al llegar al gobierno, cuando funcionarios como Hernán Lombardi reclamaban que nadie pidiera una indemnización y amenazaba con escraches públicos a los que lo hacían.
Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que «promueve un sistema de concursos más transparente». Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas.
La iniciativa fue cuestionada desde ATE que, en todas las instancias de negociación colectiva, se opuso a la creación de este régimen de cargos jerárquicos. El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió que «a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández».
