El miércoles 11 de septiembre, Termas de Río Hondo vivió una jornada de tensión y violencia tras un ataque a integrantes de la Iglesia de la Ciudad de la provincia de Chaco, quienes estaban realizando una campaña de concientización sobre abuso sexual infantil.
Alrededor de 70 miembros de la iglesia se habían distribuido por distintos barrios de la ciudad para entregar libros informativos y educativos sobre la protección infantil. La campaña incluía visitas a domicilios para preguntar sobre la presencia de niños y proporcionar material adaptado a diferentes edades.
Sin embargo, los esfuerzos de concientización fueron recibidos con desconfianza por parte de algunos vecinos, quienes comenzaron a alertar a la policía sobre la presencia de «personas con tonada foránea» y en «actitud sospechosa». Las denuncias se realizaron principalmente a través de llamadas a las comisarías y mensajes en grupos de WhatsApp.
La policía, al acudir a los barrios para investigar, constató que los miembros de la iglesia no tenían antecedentes penales y que sus vehículos y documentación estaban en orden. La iglesia también estaba debidamente habilitada por las autoridades nacionales y llevaba años operando en el país.
A pesar de la confirmación de que no había irregularidades, la situación se deterioró rápidamente. La desconfianza en redes sociales y en grupos de WhatsApp alimentó rumores infundados sobre intentos de secuestro de niños, lo que llevó a una escalada de violencia. Los visitantes comenzaron a ser agredidos físicamente. En un caso, un joven fue despojado de sus zapatillas y su celular, mientras que en Villa Nueva, dos mujeres tuvieron que refugiarse en un negocio para escapar de una multitud hostil que las rodeó y acosó.
En respuesta a la violencia, las autoridades decidieron evacuar al grupo de la iglesia bajo escolta policial. Fueron trasladados por la Ruta 333 hasta el límite con Tucumán, ya que su plan original incluía actividades en ambas provincias. La intervención policial ayudó a proteger a los miembros de la iglesia durante su salida de la ciudad.
Los hechos quedaron registrados en numerosos videos grabados por los propios vecinos, que se difundieron ampliamente en las redes sociales y contribuyeron a la escalada del conflicto.
Este episodio ha suscitado preocupación sobre la rapidez con la que las redes sociales pueden propagar rumores y desinformación, así como sobre la respuesta de la comunidad frente a iniciativas de prevención y educación. Las autoridades locales y nacionales continúan investigando el incidente para garantizar la seguridad y prevenir futuros conflictos similares.
