El fiscal federal Ramiro González ha desestimado el pedido del expresidente Alberto Fernández para trasladar la causa por violencia de género, que involucra a su exesposa Fabiola Yañez, a los Tribunales de San Isidro. Fernández había solicitado el cambio de jurisdicción, argumentando que los hechos denunciados habrían ocurrido en la quinta presidencial de Olivos, y cuestionó la imparcialidad del juez federal Julián Ercolini.
En su decisión, el fiscal González consideró que el caso sigue en una etapa preliminar de investigación y que es prematuro decidir sobre el cambio de jurisdicción. González argumentó que la causa debe permanecer bajo la competencia del juez federal actual para permitir el esclarecimiento completo de los hechos y evitar decisiones apresuradas que puedan obstruir la investigación y revictimizar a las partes involucradas.
“Lo contrario implicaría que de manera apresurada y prematura se asignen nuevos operadores al caso, se obture la investigación en curso y se incrementen los riesgos de revictimización, que es justamente lo que la ley impone evitar”, explicó el fiscal en su resolución.
González también destacó que la denuncia presentada por Yañez describe una relación marcada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar. La investigación menciona ocho incidentes específicos, que incluyen hechos de violencia física y psicológica ocurridos entre 2016 y 2023.
El fiscal subrayó que el pedido de Fernández para trasladar el caso se basa en la ubicación de los hechos, pero el contexto y la naturaleza de la violencia denunciada no pueden ser asignados a un único enclave geográfico. “El tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder no pueden ser restringidos a un único lugar”, argumentó González.
Además, el fiscal indicó que la solicitud de cambio de competencia debería ser precedida de una investigación más detallada que aclare los aspectos fácticos del caso, para evitar pronunciamientos prematuros que podrían requerir posteriores ajustes en la jurisdicción.
El rechazo al pedido de Fernández mantiene el caso bajo la jurisdicción del juez Ercolini, permitiendo que la investigación continúe en su fase actual sin cambios en la competencia territorial.
