El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 5 de San Martín ha rechazado la solicitud de probation presentada por una empleada pública acusada de falsificar su título universitario para incrementar su salario y defraudar al Estado. La decisión implica que el expediente continuará su curso hacia un juicio oral por dos delitos que podrían conllevar hasta seis años de prisión.
La empleada, identificada como M.S., trabajaba en el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y está acusada de haber falsificado un certificado de materias y finales de la Universidad Nacional de La Plata. El documento, fechado el 17 de julio de 2018, supuestamente acreditaba a M.S. como Licenciada en Biología con orientación en Paleontología. La acusación sostiene que, al ingresar este título falso al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) el 20 de junio de 2020, M.S. logró recibir $633.687,86 en pagos retroactivos desde diciembre de 2012 hasta noviembre de 2022.
En la audiencia realizada esta mañana, la fiscal del caso, Lorena Ruiz Paz, se opuso a la concesión de la probation, destacando la magnitud de la defraudación y la naturaleza del delito, que involucra a un funcionario público. La fiscal argumentó que la Ley Penal Juvenil no permite la probation para casos en los que el imputado, en este caso una empleada pública, ha cometido el delito en el ejercicio de sus funciones. También se subrayó que la propuesta de reparación ofrecida por la defensa, de $240.000 distribuidos en doce cuotas, fue considerada insuficiente por el SEGEMAR.
El defensor oficial de M.S., Leonardo Miño, había solicitado la probation alegando que las penas podrían ser de ejecución condicional y ofreciendo tareas comunitarias y una reparación del daño como compensación. Sin embargo, el Tribunal, presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín, respaldó la posición de la fiscal, citando la doctrina del plenario “Kosuta” de la Cámara Nacional de Casación Penal, que establece que la oposición fundada del fiscal impide la concesión de la probation.
Con la solicitud de probation rechazada, el proceso judicial continuará hacia un debate oral, donde se determinará la responsabilidad de M.S. en los delitos imputados.
