El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex titular de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Pérsico está acusado de liderar una «matriz de corrupción» que permitió al Polo Obrero desviar fondos de subsidios y utilizarlos para financiar actividades partidarias, además de extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
En el dictamen presentado al juez Sebastián Casanello, Pollicita pidió que se convoque a indagatoria a más ex funcionarios nacionales y que se vuelva a citar a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero. El fiscal sostiene que el fraude al Estado asciende a al menos 36 millones de pesos.
Pollicita argumenta que la evidencia demuestra que la conducta ilícita no fue un simple engaño ante los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, sino que existió una «matriz de corrupción» en la Secretaría de Economía Social, encabezada por Pérsico, desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2023. Este esquema habría permitido que los fondos destinados a la ayuda social fueran desviados para beneficiar a las autoridades del Polo Obrero y financiar sus actividades.
El pedido de indagatoria incluye a Pérsico y a ex funcionarios de su área: Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También se solicita que se cite nuevamente a Belliboni y a otros dirigentes del Polo Obrero, como Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Iván Ortiz, María Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego, para ampliar la acusación.
Este desarrollo llega en un momento crítico, ya que el juez Casanello estaba por finalizar la ronda de indagatorias y decidir sobre la situación procesal de los imputados. Las acusaciones se han expandido desde la extorsión a la sospecha de irregularidades en el manejo del dinero con facturas falsas.
Los imputados han negado las acusaciones, alegando que no se negó comida a nadie y que los aportes de dinero eran voluntarios. Han denunciado una persecución política por parte del Gobierno hacia los movimientos sociales. En los últimos días, Belliboni había solicitado ampliar su declaración antes del inicio de la feria judicial.
