El juez federal Julián Ercolini ha dispuesto que se analicen las llamadas entrantes y salientes entre el expresidente Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yañez, quien lo ha denunciado por violencia de género. La medida, que abarca desde el inicio de 2016 hasta finales de 2023, forma parte de las pruebas solicitadas por el fiscal federal Ramiro González, quien imputó a Fernández por “lesiones leves y graves doblemente agravadas por el vínculo” y “amenazas coactivas”.
Este análisis de las comunicaciones busca esclarecer las acusaciones de Yañez, que incluyen presuntas agresiones físicas y psicológicas por parte de Fernández. La denuncia abarca un período crítico, desde 2016, cuando Yañez afirmó haber sido forzada a abortar por Fernández, hasta fines de 2023, al final de su mandato presidencial. La querella de la ex primera dama, liderada por la abogada Mariana Gallego, solicitó que el análisis se limite a las comunicaciones entre ambos.
En paralelo, el juez Ercolini rechazó la solicitud de realizar una inspección judicial a la quinta de Olivos, argumentando que la medida no es relevante en esta etapa de la investigación. Entre otras acciones, el fiscal ha citado a seis testigos, cuyas declaraciones se coordinarán para la próxima semana. Los convocados incluyen a María Cantero, ex secretaria privada de Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de Yañez; la periodista Alicia Barrios; y Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos.
El fiscal ha descrito en la imputación que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”, exacerbada por la elección de Fernández como presidente. El análisis de las llamadas es una pieza clave en la investigación para corroborar las alegaciones de la denunciante.
Además, en la causa por corrupción relacionada con la contratación de seguros, el fiscal Carlos Rívolo ha solicitado que el celular de Fernández, recientemente secuestrado en la causa de violencia de género, sea peritado para la investigación de los seguros. La solicitud busca incluir cualquier evidencia relevante que pueda surgir del análisis del dispositivo en el expediente de corrupción.
El caso continúa desarrollándose, con la atención centrada en las pruebas y testimonios que podrían determinar la dirección de la investigación y sus posibles consecuencias para el exmandatario.
