El acceso al agua es un derecho humano!
En un comunicado, profesionales, académicos, investigadores, docentes así como organizaciones sociales y ambientales manifestaron un fuerte rechazo a los decretos que habilitan la privatización de la empresa estatal así como el corte de suministro. Una afectación al derecho humano de acceso al agua.
Tras conocerse los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y N° 494/2025 que habilitan el avance privatizador sobre Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) y graves vulneraciones al derecho humano al agua, se inició una fuerte campaña de rechazo y pedido de derogación. En un manifiesto firmado por profesionales, académicos, investigadores, docentes así como organizaciones sociales y ambientales, se denunció que las modificaciones realizadas se hicieron solo para «permitir el ingreso de capitales privados a la empresa» y consolidar un procedimiento de privatización total. Los decretos tuvieron como antecedente necesario la inclusión de AYSA como parte de aquellas razones sociales sujetas a privatización en la Ley Bases.
La provisión de agua potable no puede, bajo ningún aspecto, ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano esencial, reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, fallos de la Corte Suprema y nuestra Carta Magna», expresó el comunicado. Asimismo, resaltó que este derecho «debe garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad, en el marco de una gestión pública, transparente y participativa»
Es inconstitucional que corten el agua
Los especialistas señalaron que el nuevo marco regulatorio, al habilitar el corte de suministro de agua por falta de pago, es inconstitucional, inhumano e inaceptable ya que «el acceso mínimo al agua potable no puede ser condicionado al pago: su restricción debe contemplar umbrales de garantía vital conforme a los estándares internacionales adoptados por la Nación y jerarquizados constitucionalmente».
No obstante, los denunciantes también advirtieron que la medida se realizó mediante un mecanismo excepcional -decreto de necesidad y urgencia- que no incluyó debate parlamentario ni participación ciudadana. Al tratarse de un tema de gran magnitud, las disposiciones lesionan «el principio republicano de división de poderes» así como «vacía de contenido la democracia representativa y viola la democracia participativa ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú». Esto es así porque, según expresaron, la modificación de un régimen que afecta la vida, la salud y la dignidad de millones de personas «no debe realizarse sin un amplio debate social, científico y legislativo«.
