El fiscal Picardi y el juez Casanello avanzaron sobre los protagonistas visibles de la trama; la sombra de los hermanos Kovalivker; los Menem, en el horizonte.
El corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las “compulsas reducidas” y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.
Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios”, indicó una fuente judicial a LA NACION. Aludía a los audios que salieron a la luz en los días previos a las elecciones bonaerense del 7 de septiembre pasado, en los que el entonces abogado particular del presidente Javier Milei y titular de la Andis detallaba cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador entre las droguerías, y el envío hacia “arriba” de los retornos, con alusiones explícitas a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Cómo se habría desarrollado la maniobra delictiva dentro de la Andis, según las evidencias que recolectó la Fiscalía? Se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno “regular” donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de “compulsas reducidas” donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
El patrón era siempre el mismo: dos de ellas actuaban como adjudicatarias reales mientras las otras dos simulaban competencia, pero no presentaban ofertas o cotizaban precios que no eran competitivos, creando una apariencia de legalidad en un mercado que en realidad operaba cartelizado en el que alternaban roles según el tipo de producto. Así, Profarma y Génesis dominaban las compulsas de medicamentos (concentrando el 93% de las adjudicaciones), mientras que New Farma y Floresta monopolizaban los insumos auditivos como implantes cocleares y audífonos.
El análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab experimentó aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas.
Ese patrón se repitió de manera sistemática, remarcó el fiscal Picardi en su dictamen, al punto que si otras droguerías lograban participar en compulsas abiertas para los mismos medicamentos, ofrecían precios que representaban menos de la mitad de lo pagado a las empresas favorecidas. ¿Conclusión? Solo entre julio de 2024 y agosto de 2025, estas compulsas irregulares generaron adjudicaciones por más de $43.000 millones de pesos.
Esto venía de antes”, remarcó una fuente tribunalicia al tanto de la investigación en curso ante la consulta de LA NACION. “Estamos hablando de nichos de corrupción en los que mezclan ‘cajas’ del Estado, intermediarios y sobornos, como también lo fue la operatoria de los ‘brokers’ de seguros”, detalló.
