La causa que investiga a dirigentes del Polo Obrero por una supuesta defraudación millonaria al Estado Nacional entra en una etapa crucial. La próxima semana, el juez federal Sebastián Casanello definirá si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito para el líder de la organización, Eduardo Belliboni.
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga si parte de los $360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron como unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo se desviaron hacia empresas que emitían facturas truchas o, en otros casos, enviaban parte del dinero a una imprenta vinculada a la organización de Belliboni para financiar la campaña del Partido Obrero.
En concreto, el juez Casanello detectó que al menos $40 millones se desviaron a una serie de empresas sospechosas: la imprenta Rumbos, Coxtex, RicoPrint, UrbanGraphics, Carlos Monfrini y Miniso Trade.
La Justicia cree que Rumbos, Coxtex y Miniso Trade se usaron para hacer facturas truchas. El Polo Obrero presentaba estos comprobantes ante el exMinisterio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo, asegurando haber comprado elementos de trabajo para los beneficiarios que en realidad nunca se adquirieron, y luego le daba otro destino al dinero. Coxtex, catalogada como empresa trucha por la AFIP, fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, simples prestanombres. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, ya investigado por otros casos de corrupción.
RicoPrint, UrbanGraphics y Carlos Monfrini, por otro lado, aparentemente contrataban los servicios pero luego enviaban parte del dinero a la imprenta Rumbos, fundada por dos dirigentes históricos del Partido Obrero. Con esa plata se hicieron aportes electorales por $18 millones. UrbanGraphics, por ejemplo, emitió un cheque a Rumbos por $1.800.000, mientras que RicoPrint hizo lo propio por $269.000. La Justicia sospecha que se usó el dinero del Estado para financiar al Partido Obrero.
La investigación también abarca posibles extorsiones a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Pollicita detectó que a los titulares del programa se les pedía un porcentaje del plan, se les cobraban los bolsones de comida que repartía el Estado y hasta se implementaba un sistema de multas para quienes no asistieran a las marchas. Los que no asistían debían justificar su ausencia. Los propios beneficiarios aportaron chats y mensajes que prueban la extorsión.
La investigación incluye a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Los acusados son Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello.
La Justicia implementó un sistema de control y sanciones sobre las víctimas que incluyó la toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de listas de castigados que debían «reparar» su acción mediante nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una marcha de hasta $10.000, la exigencia de justificar las ausencias con comprobantes y la prohibición de retirar raciones de comida por plazos determinados.
Con las pruebas recabadas, el futuro judicial inmediato no parece ser favorable para Belliboni.
