El Gobierno acusó a los manifestantes del miércoles pasado de «rebelión», «sedición» y «asonada». Organismos de derechos humanos y víctimas denunciaron la violencia policial en los estrados.
La marcha de los jubilados con apoyo de hinchadas de clubes de fútbol que se realizó el 12 de marzo pasado y la brutal represión que desplegó el Gobierno de Javier Milei para disuadirla derivó en una andanada de denuncias penales en tribunales porteños y de Comodoro Py. La disputa se trasladó al Poder Judicial, donde organismos de derechos humanos describieron lo sucedido como la represión más brutal desde 2001 –hubo más de 650 heridos y un joven fotógrafo lucha por su vida en terapia intensiva por un disparo policial–, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación habla de un intento de golpe de Estado y acusó a organizaciones políticas y barrabravas de sedición.
La causa central que se abrió a partir de la represión y los disturbios que se produjeron en los alrededores del Congreso de la Nación, tramita en el juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Es el expediente que contó con 114 personas detenidas que fueron liberadas en la madrugada del 13 de marzo por decisión de la jueza Karina Andrade por falta de pruebas.
En este caso intervino la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, que fue desde donde se convalidaron judicialmente todas las detenciones. Para que la jueza Andrade pudiera hacer un primer control de legalidad, la fiscalía debía suministrar la identidad de la persona detenida, su lugar de arresto, un breve detalle del delito adjudicado y la fuerza policial que previno. El MPF no informó nada de eso. ¿La razón? Los agentes que llevaron adelante las detenciones de forma arbitraria, repletas de ilegalidades tal como se desprende de diversos testimonios fueron detenidos hasta dos menores de 12 y 14 años que salían del colegio), no detallaron absolutamente nada.
Derechos en juego
«Fue una decisión en el marco de priorización de derechos. Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez», afirmó la magistrada en declaraciones a la radio Urbana Play.
Por ese motivo y porque los arrestos se dieron en el marco de una protesta social, la jueza porteña rechazó las detenciones por flagrancia y ordenó la inmediata libertad de los apresados, que no obstante continúan con una imputación provisoria de atentado y resistencia a la autoridad. La excarcelación se definió tras un planteo de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el Ministerio Público, si pretende sostener las imputaciones tendrá que profundizar la investigación. Tiene hasta tres meses para hacerlo. Por eso la causa lejos está de cerrarse.
El Gobierno reaccionó a esta orden de Andrade, quien además desbarató la tesis del oficialismo al afirmar en su resolución que «a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos». A las pocas horas de las liberaciones, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, afirmó públicamente que denunciarán a la jueza Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por el posible incumplimiento de sus funciones. La decisión parece más una amenaza ya que a la Libertad Avanza no le resultará sencillo avanzar contra la jueza en el órgano de selección y sanción de jueces. No tendría los votos ni en la comisión de acusación ni en el plenario para ir en contra de Andrade.
