En un importante desarrollo judicial, el jueves 29 de agosto, el juez Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano. El operativo tiene como objetivo esclarecer la retención de 6 mil toneladas de alimentos adquiridos por el Estado y almacenados en galpones, en el marco de una investigación sobre la gestión de estos recursos.
El procedimiento se llevó a cabo en las oficinas del ministerio encabezado por Sandra Petovello, con el fin de recolectar documentación y datos sobre la logística, stock y fechas de entrega de los productos alimentarios. Entre los elementos incautados se encuentran respaldos de computadoras, órdenes de entrega desde mayo, partes diarios de depósitos en Villa Martelli y el Centro Operativo Tucumán, así como constancias del sistema S.U.M.A y correos electrónicos de empleados y funcionarios.
Contexto de la Investigación
La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por el líder social Juan Grabois, quien acusó a la ministra Sandra Petovello de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad debido al desabastecimiento en comedores comunitarios. Grabois y organizaciones sociales sostienen que la actual administración ha detenido la entrega de alimentos esenciales, afectando a familias en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, desestima las acusaciones, afirmando que la falta de transparencia es atribuible a la administración anterior. Defienden que la reestructuración actual busca mejorar la transparencia y eliminar intermediarios en la asistencia social.
Reacción Oficial y Medidas Legales
El ministerio calificó el procedimiento como “sorpresivo e injustificado” y ha presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema, alegando que la intervención judicial interfiere en la ejecución de políticas públicas que consideran competencia del Poder Ejecutivo.
Contenido de la Mercadería y Relevancia
La retención cuestionada incluye más de mil toneladas de leche en polvo y más de 4 mil toneladas de harina de maíz, productos destinados a familias de bajos ingresos. La controversia resalta el conflicto entre la administración actual y las organizaciones sociales respecto a la gestión de la asistencia alimentaria.
La investigación continúa, y se espera que las próximas acciones judiciales y respuestas del ministerio aporten claridad sobre las acusaciones de mala gestión.
