Ex-presidente bajo investigación por presunta corrupción en la contratación de seguros estatales
La Justicia federal está a punto de convocar a indagatoria al ex-presidente Alberto Fernández en el marco de una investigación sobre un presunto esquema de corrupción relacionado con la contratación de seguros a través del Banco Nación. La investigación, a cargo del juez Julián Ercolini, examina la implementación del decreto 823/2021, que obligó a los organismos públicos a contratar seguros mediante la intermediación de brokers, entre ellos varios vinculados al entorno del expresidente.
El decreto en cuestión, firmado por Fernández durante su mandato, estableció que los contratos de seguros para los organismos del Estado debían realizarse exclusivamente a través de Nación Seguros. Esta disposición abrió la puerta a una serie de contrataciones intermediadas por brokers cercanos al expresidente, quienes habrían recibido importantes comisiones, generando un escenario de presunta defraudación al Estado.
Además de Fernández, la investigación incluye a María Cantero, exsecretaria del presidente; Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo cercano de Fernández; y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros. Los cargos contra ellos giran en torno a la creación y operación de un esquema de corrupción en la contratación de seguros públicos.
El caso ha revelado que 45 organismos oficiales firmaron un total de 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros durante la administración de Fernández. En concepto de comisiones, se habrían pagado aproximadamente 3.453.302.770 pesos (unos 17 millones de dólares) a lo largo del gobierno del exmandatario.
Martínez Sosa, en particular, se benefició de manera significativa, con 19 contratos que sumaron 366.635.744 pesos en comisiones.
La citación de Fernández a indagatoria marca un nuevo capítulo en la investigación, que sigue de cerca el impacto del decreto en la administración de recursos públicos y en la transparencia de las contrataciones estatales.
