La Justicia bonaerense confirmó multa millonaria a la empresa de delivery Rappi

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La justicia laboral de La Plata dejó firme una multa por más de 16 millones de pesos que debe aplicar el Ministerio de Trabajo a la empresa de reparto a domicilio Rappi «debido a distintas irregularidades, entre las que se encuentra la falta de personal registrado».

«El Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata –Integrado por los jueces Juan Ignacio Orsini, Julio César Elorriaga, y Carlos Mariano Nuñez– confirmó la multa de $16.426.800 que el ministerio de Trabajo bonaerense aplicó a la empresa de delivery Rappi», informaron fuentes judiciales.

La empresa, dedicada al reparto de mercadería a domicilio, fue acusada de no exhibir los recibos de pagos de sueldos o de afiliación a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). «En las inspecciones, se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, falta de pago de aguinaldo y carencia en el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de las y los trabajadores relevados», dijeron fuentes judiciales.

El caso llegó a la justicia laboral después de que la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio provincial de Trabajo dictase una resolución por la cual imponía a Rappi una multa por 16.426.800 pesos.

La multa tuvo lugar después de un relevamiento que el ministerio de Trabajo bonaerense llevó adelante meses atrás en 172 trabajadores de los distritos bonaerenses de La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza, en los que opera distintas plataformas de delivery.

Los magistrados consideraron probado que los repartidores prestan servicios personales para un tercero y «arriesgan su cuerpo al distribuir productos que la empresa les encomienda, apropiándose luego de los frutos del trabajo ajeno a cambio de una contraprestación en dinero».

El tribunal desestimó la apelación presentada por la empresa, reivindicó la función de “Policía del Trabajo” del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y rechazó que se deba devolver el importe pagado así como el intento de trasladar la causa al juzgado bonaerense de San Isidro.

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