La causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández entra en una nueva fase crítica. El fiscal Ramiro González está ultimando los detalles de la imputación contra Fernández, mientras se aguarda la implementación de las primeras medidas en la investigación.
La denuncia de Yañez, presentada en un escrito judicial y durante una prolongada declaración desde Madrid, detalla una serie de agresiones físicas y emocionales que, según ella, comenzaron durante el mandato de Fernández y se intensificaron hacia el final de su presidencia. Yañez ha descrito una rutina de violencia diaria, incluyendo golpes y maltrato constante, que, según su relato, se agravó en el último año de mandato.
El fiscal González, junto con Mariela Labozzetta de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Malena Derdoy de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), está trabajando en la acusación formal y en la recopilación de pruebas. La declaración de Yañez ha sido clave para avanzar en la investigación, estableciendo un contexto concreto para las acusaciones.
Una de las disputas legales actuales involucra la solicitud de la defensa de Fernández de trasladar el caso a la justicia federal de San Isidro, alegando incompetencia de los tribunales de Comodoro Py debido a su función presidencial. Sin embargo, la querella no ha solicitado el cambio de fuero, y la investigación podría abarcar hechos que ocurrieron no solo en la residencia presidencial de Olivos, sino también en el departamento de Puerto Madero donde la pareja residió desde 2016.
Yañez ha solicitado que los hechos se califiquen como «violencia de género» y «lesiones graves», agravados por el vínculo y el abuso de poder, en concurso con amenazas coactivas. Su denuncia incluye detalles de agresiones físicas documentadas en fotos y testimonios, así como el nombramiento de testigos como Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer, y Juan Pablo Biondi, ex vocero presidencial. También se ha mencionado al médico de la Unidad Presidencial, Federico Salvatierra, por haber tratado a Yañez en varias ocasiones tras los episodios de violencia.
El fiscal González está preparando varias diligencias, incluidas citaciones a testigos y el análisis del teléfono de Alberto Fernández, que fue secuestrado el viernes pasado. Se sospecha que Fernández pudo haber violado una orden judicial de no contacto con Yañez.
La investigación sigue su curso, con Yañez prometiendo aportar más pruebas en el transcurso del proceso. La causa avanza en un clima de alta tensión política y mediática, mientras se esperan las primeras medidas judiciales que definirán el rumbo de esta delicada acusación.
