En una jornada crucial para el futuro de YPF y de la Argentina, el país sudamericano presentó su última defensa ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en el juicio por la expropiación de la petrolera. Argentina busca que se anule la condena de primera instancia que le impone el pago de más de US$16.000 millones a fondos que representan a accionistas minoritarios de la empresa.
Los fondos que reclaman la compensación compraron el juicio a las empresas originales que tenían participaciones menores en YPF al momento de la nacionalización. Argumentan que el país no brindó un trato igualitario a estos accionistas minoritarios en comparación con Repsol, que recibió una compensación tras la estatización.
En la instancia de primera apelación, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina. Ante la falta de pago y la posterior apelación, la jueza autorizó a los demandantes a buscar bienes del país para embargar. Sin embargo, debido a las dificultades para confiscar activos, los demandantes han modificado su estrategia para buscar “alter egos” del país, apuntando a instituciones como el Banco Nación, el Banco Central, Arsat y otras empresas públicas.
El análisis del caso por parte de la Corte de Apelaciones está en curso, y los beneficiarios del fallo han solicitado que YPF sea reintegrada al litigio, a pesar de haber sido exonerada de responsabilidades al inicio del juicio. El próximo paso será una audiencia en la que se presentarán los argumentos de todas las partes involucradas. La fecha de esta audiencia será anunciada la semana que viene, aunque la decisión final podría demorar hasta mediados de 2025, según el analista Sebastián Maril.
Maril destacó que la República Argentina, respaldada por ex jueces de la Corte Suprema y expertos en derecho argentino, argumentó que el tribunal de primera instancia malinterpretó el derecho público y privado vigente en el país.
Por su parte, los fondos que litigan contra la Argentina argumentaron en un extenso escrito de 107 páginas que es esencial que las promesas contractuales hechas por los gobiernos sean cumplidas, especialmente en el contexto de mercados internacionales de crédito. Enfatizaron que las promesas realizadas por Argentina durante la privatización de YPF fueron claras y necesarias para atraer inversionistas internacionales.
YPF, en su escrito a la Corte de Apelaciones, pidió que se ratifique la exoneración de responsabilidad. Argumentó que no se debe responsabilizar a la empresa por las expectativas financieras de los inversores y que sería sin precedentes responsabilizarla por las acciones del Estado argentino.
El desenlace de este caso tiene implicaciones significativas tanto para Argentina como para YPF, y se espera que las próximas decisiones judiciales jueguen un papel crucial en resolver esta disputa internacional.
