Giordano, Lacunza y Utrera presentaron propuestas para recomponer un sistema que calificaron de inequitativo, fragmentado y costoso.
No es novedad, pero siempre es necesario repertirlo: el sistema previsional argentino se encuentra en una encrucijada crítica. Descrito por expertos como una “deuda pendiente”, exige reformas urgentes y profundas. Lo saben los millones de adultos mayores que ven cómo sus ingresos caen, y los argentinos en actividad laboral, yendo hacia un futuro de nubes oscuras.
Ante este escenario, el pasado martes, la Fundación Pensar (el think thank del PRO) organizó un encuentro en Córdoba para debatir el problema jubilatorio, que contó con la exposición de tres economistas expertos en la materia: Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea; Hernán Lacunza, exministro de Economía de la Nación y de la provincia de Buenos Aires; y Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21.
Los tres convergieron en un diagnóstico alarmante, y propusieron caminos estructurales para rescatar el sistema. Aunque cada uno abordó la problemática desde una perspectiva diferente, un hilo conductor unificó sus propuestas: la necesidad imperiosa de equidad, sostenibilidad y eficiencia, despojando al sistema de privilegios y abordando su creciente litigiosidad, tanto laboral como legal.
Como se dijo, coincidieron en que el sistema previsional argentino está “quebrado”, financiado por impuestos y operando bajo una lógica de “parche sobre parche” que lo ha vuelto fragmentado,
inequitativo y costoso.
“La situación es insostenible, ya que el número de aportantes es de 9,7 millones, pero se mantiene estancado; mientras que la cantidad de beneficiarios ya es de 9,2 millones y no para de crecer, generando un déficit que debe ser cubierto con fondos del erario público”, señaló Lacunza.
Una de las causas más señaladas de esta inequidad y desfinanciamiento son los regímenes especiales. Con más de 200 de estos sistemas, Lacunza los describió gráficamente como una “banquina más ancha que la autopista”, indicando que son desproporcionados y un foco de privilegios que desvirtúan el principio de igualdad ante la ley previsional.
Giordano también subrayó la necesidad de que la mayoría de los trabajadores encuadren en un régimen general y que los sectores que justifiquen jubilaciones anticipadas o haberes más altos deberían aportar más para sostenerlos.
Otro punto de crítica fueron las moratorias (recientemente extendidas por el Congreso), que Lacunza tildó de “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que crean más subsidios que aportantes, socavando la base contributiva del sistema.
Las cajas provinciales también son un factor desestabilizador, según explicó Giordano, representando aproximadamente el 20% del gasto previsional total. En ese sentido, Lacunza las definió como “federales para gastar, pero unitarias para financiar”, señalando las asimetrías entre provincias con cajas transferidas y no transferidas.
Sobre el tema, Giordano propuso acordar un mecanismo para eliminar estas asimetrías y sumar a los gobernadores en apoyo a las reformas.
La litigiosidad emergió como un problema transversal y creciente que impacta directamente en la sostenibilidad del sistema. Giordano ilustró con datos alarmantes el aumento de juicios previsionales en la Corte Suprema, que pasaron de 8.552 en 2014 a 31.215 en 2024, un incremento drástico que evidencia una crisis legal.
Para Utrera, quien sumó otras problemáticas desde lo laboral, este fenómeno se debe a que “algún texto legal está faltando, está mal redactado o está redactado de manera ambigua”.
