El Gobierno ha dispuesto una reducción del consumo de electricidad en todos los edificios públicos mediante la resolución 148 de la Secretaría de Energía. Esta medida busca cumplir con criterios de ahorro económico y eficiencia energética, y pretende que el sector público asuma una función ejemplificadora ante la ciudadanía. Las empresas distribuidoras deberán ajustar la potencia contratada a la máxima demanda reciente. Además, se implementará el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE) y se confeccionará un inventario actualizado de instalaciones energéticas.
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