El Gobierno de Javier Milei avanzará en la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, promulgado por el expresidente Alberto Fernández, que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto, que ha sido objeto de una profunda controversia, facilitó la creación de un esquema de corrupción relacionado con el pago de comisiones a intermediarios vinculados a Fernández y otros políticos de su administración.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha solicitado a su equipo que prepare la derogación de este decreto. La decisión se toma en un contexto en el que la justicia ha puesto el foco en el expresidente Fernández y en exfuncionarios como Alberto Pagliano, quienes están involucrados en el escándalo por las maniobras fraudulentas con los seguros del Estado. El broker Héctor Martínez Sosa, conocido por sus relaciones con Fernández, también ha estado en el centro de la controversia.
Aunque la resolución de abril bajo la gestión de Nicolás Posse había prohibido la incorporación de «brokers» en los seguros de los organismos públicos, el DNU 823/21 aún permitía la intervención de intermediarios, lo que, según los nuevos informes y filtraciones, facilitó irregularidades. El actual ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, ha defendido la necesidad de eliminar el decreto para evitar futuros problemas.
Medidas adicionales:
Además de la derogación del DNU 823/21, el Gobierno también eliminará varias obligaciones que, según la nueva administración, favorecen a empresas estatales en la contratación pública:
- Sueldos de empleados públicos: Se eliminará la obligación del Estado de pagar los sueldos de los empleados públicos a través del Banco Nación. Esta medida busca diversificar los mecanismos de pago y evitar la concentración de fondos en una sola entidad.
- Viajes oficiales con Aerolíneas Argentinas: Se pondrá fin a la obligación de realizar todos los viajes oficiales con Aerolíneas Argentinas. Esto permitirá una mayor flexibilidad y competitividad en la elección de medios de transporte para el gobierno.
- Compra de nafta en YPF: También se eliminará la obligación de que el Estado compre nafta exclusivamente en YPF. Esto busca abrir el mercado a otras empresas proveedoras y reducir costos para el Estado.
Estas reformas forman parte de un paquete más amplio de medidas que el Gobierno está implementando para modernizar y transparentar la administración pública, reducir costos y eliminar prácticas que favorecían a ciertos actores en detrimento de la eficiencia y la equidad en el gasto público.
