El exministro de Salud Ginés González García ha solicitado a la Cámara Federal que revoque la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lo procesó en el marco del escándalo del “Vacunatorio VIP”. Durante una audiencia reciente en Comodoro Py, la defensa de González García presentó argumentos para demostrar que no se cometió delito y que el embargo de 130 millones de pesos impuesto por la jueza es injustificado.
En la audiencia, los abogados de González García, Martín Arias Duval y Federico Horacio Ramos, cuestionaron la resolución de la jueza y las figuras jurídicas bajo las cuales fue procesado, que incluyen peculado de bienes y abuso de autoridad. La defensa argumentó que no existió un “vacunatorio VIP” y criticó el monto del embargo, alegando que no se justifica por las dosis de vacunas involucradas.
Arias Duval aseguró que el exministro y el gobierno de Alberto Fernández ya enfrentaron un juicio político y que el presente caso debería resolverse conforme a la ley. En su exposición, la defensa subrayó que la cantidad de vacunados fuera del personal de salud en febrero de 2021 no era significativa en comparación con las dosis disponibles y que más del 90% de los médicos ya había recibido su primera dosis.
Además, la defensa del subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, también rechazó el procesamiento, argumentando que Costa solo actuó bajo la orden de González García y cuestionando la legalidad de dicha orden. La defensa del secretario privado de González García, Marcelo Ariel Guille, hizo un planteo similar, afirmando que Guille actuó siguiendo instrucciones sin conocer la ilegalidad del acto.
En la audiencia también estuvo presente María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas, quien afirmó no tener ninguna vinculación política y aseguró que su trabajo durante la pandemia fue profesional y desinteresado.
El caso del “Vacunatorio VIP” se desató cuando el periodista Horacio Verbitsky reveló en febrero de 2021 que había sido vacunado en el Ministerio de Salud tras una llamada de González García. La controversia se agravó al revelarse que funcionarios y allegados, incluidos el presidente Alberto Fernández, también recibieron la vacuna fuera del cronograma oficial.
El proceso judicial ha implicado a varios funcionarios y ha llevado a la investigación de la administración de las vacunas, que en ese momento era un bien escaso y de alta demanda. La jueza Capuchetti había archivado parcialmente el caso en julio de 2021, argumentando que la conducta de los funcionarios no encajaba en el tipo penal del Código Penal. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación, destacando la necesidad de esclarecer el uso indebido de las dosis de vacunas y las irregularidades en el proceso de vacunación.
La causa sigue en desarrollo y la resolución de la Cámara Federal será crucial para determinar la responsabilidad de los implicados en el escándalo del “Vacunatorio VIP”.
