Fabiola Yañez, ex primera dama y expareja del expresidente Alberto Fernández, ha anunciado su intención de solicitar el embargo de la jubilación de privilegio del exmandatario debido al incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias para su hijo en común.
Según fuentes cercanas a Yañez, Fernández dejó de abonar las cuotas alimentarias correspondientes hace dos meses, a pesar de que el monto mensual acordado asciende a aproximadamente 5000 dólares. Este dinero cubre gastos esenciales como alquiler, expensas, jardín de infantes, alimentación y otros costos relacionados con el cuidado del menor.
El expresidente había indicado que el pago de estas cuotas provenía de su contrato con una universidad en España. Sin embargo, Fernández dejó de enviar el dinero en el contexto de una creciente disputa que incluyó una denuncia por violencia de género, la cual finalmente se formalizó. A pesar de una solicitud por parte de Fernández para que Yañez firmara un documento en el que prometía que el niño no le faltaría nada, los pagos cesaron.
En respuesta a esta situación, el entorno de Yañez ha confirmado que se llevará a cabo una mediación para tratar de resolver el conflicto. Si no se alcanza un acuerdo, se procederá con una demanda formal. La medida que se está considerando es solicitar el embargo de la jubilación de privilegio de Fernández, la cual se estima en alrededor de 11 millones de pesos argentinos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
“Este embargo, teóricamente, debe establecer una cuota alimentaria que considere tanto las necesidades del alimentado como la capacidad del alimentante. La cuota alimentaria provisoria, que será determinada por el juez, rondará los 5000 dólares mensuales”, explicaron fuentes del entorno de Yañez.
Además, se destacó que esta medida es provisional y busca asegurar el cumplimiento inmediato de las obligaciones. La falta de manutención puede incluso derivar en una causa penal, según lo indicado por las fuentes consultadas.
La relación entre Fernández y Yañez, que comenzó en 2016, atravesó varias fases, incluyendo un intento fallido de convivencia en Madrid. Desde entonces, el expresidente ha residido en un departamento de Puerto Madero proporcionado por Enrique “Pepe” Albistur. El acuerdo económico entre ambos, según Yañez, se ha visto afectado por la denuncia de violencia de género, lo que llevó a la actual disputa legal.
