Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha revelado que más de la mitad de las 1.250.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral otorgadas en los últimos años fueron concedidas de forma irregular. Estos hallazgos incluyen casos alarmantes, como pensiones otorgadas a presos sin problemas médicos y a personas vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita.
La investigación abarcó más de 29.000 beneficiarios en la Ciudad de Buenos Aires y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Se identificaron situaciones insólitas, como dos individuos que cumplían condena judicial y recibieron pensiones en diciembre de 2023, con un proceso de aprobación que tomó solo 13 días, a pesar de no cumplir con los requisitos de salud.
En otros casos, se encontraron beneficiarios con documentación incompleta o diagnósticos falsos. Algunos admitieron haber obtenido la pensión gracias al respaldo de representantes del Movimiento Evita. Un caso notable involucró a un hombre cuyo hijo asistió a la auditoría y reveló que su padre vivía en Egipto y seguía cobrando la pensión.
La situación es particularmente preocupante en Chaco, donde ya hay más de una docena de imputados por irregularidades similares. La ANDIS está llevando a cabo auditorías presenciales, y se han detectado diagnósticos falsos en certificados de salud que avalaban la concesión de pensiones.
El fiscal federal Carlos Amad ha descubierto familias enteras con certificados de discapacidad laboral, incluidos menores sin enfermedades que son empleados municipales. En un municipio chaqueño, casi el 10% de la población obtuvo certificados fraudulentos.
Este escándalo ha generado un intenso debate sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
