Buenos Aires – El Gobierno avanzará este lunes con la reglamentación de una primera parte de la Ley Bases, marcando un paso significativo en la implementación de la nueva normativa. El decreto que será publicado esta medianoche en el Boletín Oficial pondrá en marcha varios aspectos clave de la ley, que incluyen la delegación de facultades, la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público.
El presidente Javier Milei y su gabinete han rubricado el decreto, que forma parte del proceso de desregulación y desburocratización del Estado, según lo detallado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En declaraciones a Radio Mitre, Francos explicó que el decreto que se publicará el lunes representa el primer bloque de artículos de la Ley Bases, oficialmente conocida como la «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».
«Ya se aprobó un decreto y en la semana se va a aprobar seguramente la implementación del capítulo del RIGI, pero ya se ha aprobado la reglamentación con el decreto y sobre todo, con el tema de los procedimientos administrativos y todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado», adelantó Francos.
El decreto incluirá la delegación de facultades que permitirá una mayor flexibilidad en la administración gubernamental, la reorganización de estructuras administrativas para hacer el gobierno más eficiente, la apertura de procesos de privatización y reformas en el empleo público para alinearlo con los nuevos objetivos de la ley.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, generó expectativa al sugerir en redes sociales que el próximo Boletín Oficial contendrá información importante, lo que fue confirmado por Francos al detallar el alcance de la primera etapa de la reglamentación.
Además de la reglamentación de la Ley Bases, se espera que la próxima semana también entre en vigencia el RIGI (Registro Integral de Gestión Interna), otro componente clave en el proceso de modernización del Estado.
Este avance marca el inicio de una serie de cambios destinados a transformar la administración pública y la economía del país bajo el nuevo marco legislativo. La implementación de estas reformas será monitoreada de cerca, ya que se prevé que tendrán un impacto significativo en el funcionamiento del gobierno y en el sector privado.
