La Resolución 267/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece una nueva normativa que prohíbe a provincias y municipios incluir tasas y recargos adicionales en las boletas de los servicios públicos, según el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida, que busca combatir el encarecimiento de los servicios de energía, agua y gas a través de recargos que no se relacionan directamente con los costos del servicio contratado, ha sido implementada por el Gobierno de Javier Milei en un esfuerzo por mejorar la transparencia fiscal y proteger a los consumidores.
La resolución especifica que la información contenida en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deberá referirse únicamente al bien o servicio específicamente contratado por el consumidor y suministrado por el proveedor. De acuerdo con el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, los documentos no podrán incluir sumas o conceptos ajenos al servicio contratado, salvo la información general requerida por la normativa aplicable.
El incumplimiento de esta normativa será sujeto a sanciones según el régimen de penalidades establecido por la ley. La resolución establece un período de 30 días para que las entidades se ajusten a la nueva normativa.
Luis Caputo explicó a través de la red social X que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía ha dispuesto que las facturas de servicios esenciales deben detallar únicamente el servicio contratado y su precio correspondiente. Acompañó su declaración con un ejemplo de una boleta del municipio de la costa bonaerense que incluía varios cargos adicionales, como aportes a los Bomberos Voluntarios y la Tasa de Seguridad e Higiene, que no están directamente relacionados con el servicio de luz contratado.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, también destacó en redes sociales que la medida busca aumentar la transparencia fiscal, argumentando que el crecimiento del gasto público provincial y municipal se ha visto en parte impulsado por la inclusión oculta de impuestos y tasas en las facturas. Sturzenegger señaló que la nueva normativa fomentará una mayor conciencia fiscal y ayudará a reducir el gasto.
Esta iniciativa del Gobierno refleja un esfuerzo por racionalizar los costos de los servicios públicos y asegurar una mayor claridad en la facturación para los consumidores.
