A pesar de los 23.000 despidos registrados en los primeros nueve meses del año, el Gobierno Nacional ha decidido desacelerar la ola de recortes en el Estado. Esta decisión responde a una solicitud de los ministros, quienes han señalado que no hay margen para más reducciones significativas en los ministerios.
El Ejecutivo, que había previsto una reducción total de los trabajadores contratados en el Estado, ahora se enfocará en realizar despidos puntuales. En lugar de avanzar con la eliminación de los 49.000 empleados restantes en el corto plazo, el Gobierno ha optado por revisar los contratos de manera más selectiva y gradual.
Varios miembros del gabinete han argumentado que los empleados contratados están realizando tareas cruciales y, en muchos casos, trabajan más que el personal de planta permanente. Esta situación ha llevado a que la mesa chica de la Casa Rosada no imponga un porcentaje de reducción trimestral para el vencimiento de contratos a fines de septiembre, una política que anteriormente fue establecida por el exjefe de gabinete Nicolás Posse y el actual ministro coordinador Guillermo Francos.
En lugar de recortes masivos, la estrategia del Gobierno se centrará en las estructuras con mayor cantidad de trabajadores, como las empresas públicas y ciertos ministerios, incluyendo los dirigidos por Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía). Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, será el encargado de coordinar los despidos, supervisando la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, presidida por María Reggi.
El Ejecutivo ha reiterado que los contratos de los empleados estatales continúan bajo revisión constante y que cada área debe justificar la necesidad de mantener su personal. La próxima evaluación está programada para diciembre, después de las bajas de fin de septiembre.
Aunque el presidente Javier Milei ha declarado en múltiples ocasiones su intención de reducir significativamente la plantilla estatal, la cúpula de Balcarce 50 indica que el objetivo inicial era utilizar los recortes tempranos como un mensaje político. No se prevé una reducción drástica adicional en el corto plazo.
En la primera mitad del año, el Gobierno ya había realizado recortes significativos, como la baja de 14.000 empleados en marzo, 7.000 en diciembre, 3.000 en junio, 5.000 por parte de Pettovello, 3.500 por Caputo, 1.700 por Mario Russo (Salud) y 574 por Francos.
Además, la Casa Rosada está considerando profundizar la reducción de empleados de planta permanente. La Ley Bases incluye un nuevo marco normativo para los trabajadores de organismos en proceso de eliminación o unificación, que contempla un año de sueldo a la espera de reubicación y una indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio en caso de despido.
