A más de un mes de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno ha comenzado a implementar la primera fase de la reglamentación de la nueva legislación. El enfoque principal de esta etapa inicial está en la privatización de empresas estatales, la reorganización de organismos descentralizados y la reestructuración del empleo público.
Reorganización Estatal y Privatizaciones
Uno de los aspectos más destacados de la reglamentación es la capacidad del Ejecutivo para reorganizar la administración pública con el objetivo de reducir el déficit fiscal. La Ley Bases habilita al Gobierno a modificar, eliminar, fusionar o transferir organismos descentralizados, aunque se excluyen algunas entidades clave como las universidades nacionales y varios organismos importantes como el CONICET, ANMAT, ENACOM, INCAA, y otros.
En cuanto a las privatizaciones, la ley ha sido objeto de múltiples revisiones. De las 41 empresas inicialmente propuestas para privatización, el proyecto final aprobado por la Cámara de Diputados autoriza la privatización total de ENARSA e Intercargo. También permite la privatización o concesión de Aysa, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales. Además, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) deberán ajustar su estructura para incluir una participación mayoritaria del Estado, pero con la posibilidad de introducir un programa de propiedad privada.
A pesar de la autorización para la privatización, el proceso no será inmediato. La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá realizar un examen detallado de cada empresa para asegurar el cumplimiento de las normativas legales y financieras.
Empleo Público y Contratos
La nueva reglamentación también impactará el empleo público, permitiendo al Gobierno reducir la plantilla de empleados estatales a una «dotación óptima necesaria». Parte del personal podría quedar en “situación de disponibilidad” por hasta 12 meses, con derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera administrativa. Además, los mecanismos de selección para nuevas vacantes deberán basarse en antecedentes, méritos y aptitudes.
En términos de contratos y acuerdos, el Ejecutivo tiene la facultad de renegociar o rescindir contratos de obra pública, concesiones y otros acuerdos que superen los diez millones de módulos y que hayan sido firmados antes del 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, se excluyen los contratos que se encuentren en un 80% de ejecución física o que cuenten con financiamiento internacional, los cuales deberán continuar bajo las condiciones originales o ser formalmente reactivados dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la ley.
Con estos cambios, el Gobierno busca realizar una profunda reestructuración del aparato estatal y optimizar la administración de recursos públicos, mientras enfrenta desafíos significativos en la implementación y supervisión de estas reformas.
