El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, derogó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, que obligaba al Estado a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A. La medida, establecida durante la presidencia de Alberto Fernández, había desencadenado un escándalo por presunta defraudación en la contratación de seguros estatales.
El DNU 823/21, publicado el 2 de diciembre de 2021, exigía que todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional contratasen seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Esta disposición, además de ser polémica, fue el foco de una investigación por presunta corrupción que involucró a altos funcionarios del anterior gobierno.
La derogación del DNU fue formalizada con la firma del presidente Milei, y se detalló en el Decreto 747/24. Según el artículo 6º de esta nueva normativa, las entidades del Sector Público Nacional deben rescindir, en un plazo no mayor a un año, todos los contratos que otorguen ventajas o beneficios a Nación Seguros.
Además, el decreto eliminó otras disposiciones controvertidas, como el requisito de que los sueldos de empleados públicos sean pagados exclusivamente por el Banco Nación, los viajes oficiales sean realizados únicamente por Aerolíneas Argentinas, y la nafta de los autos oficiales se cargue únicamente en YPF.
La investigación comenzó tras una auditoría interna del actual gobierno en la ANSES, que reveló irregularidades en la contratación de seguros a través de Nación Seguros con la intermediación de brokers. Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos.
El juez Julián Ercolini está a cargo de la investigación y busca esclarecer el papel de intermediarios privados en la contratación de seguros estatales, así como el porqué de las elevadas comisiones que estos intermediarios cobraron. También se indaga sobre la posible tercerización de servicios por parte de Nación Seguros, a pesar de la obligación de contratar directamente con la aseguradora estatal.
Las investigaciones también han revelado comunicaciones entre María Cantero, exsecretaria presidencial, y su esposo, Héctor Martínez Sosa, quien presuntamente utilizó sus vínculos con la Casa Rosada para asegurar contratos millonarios a través de la intermediación de su esposa. Los chats y documentos obtenidos sugieren que Martínez Sosa visitó varias veces la quinta de Olivos y se reunió con el expresidente Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.
La derogación del DNU 823/21 marca un cambio significativo en la política de contratación de seguros del Estado y continúa con el escrutinio público sobre las prácticas de la administración pasada.
