Auditorías revelan graves irregularidades en la otorgación de pensiones, con casos de documentación falsa y malversación de fondos.
El Gobierno ha denunciado un masivo esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que habría desviado 3.400 millones de dólares mediante facturaciones falsas y otorgamiento indebido de pensiones. La investigación, encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, reveló que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos legales. Casos de radiografías de animales y certificados médicos falsificados forman parte de la evidencia. Se estima que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas podrían ser anuladas tras una exhaustiva auditoría.
Los datos de la denuncia también indican que el programa Incluir Salud fue utilizado para facturar servicios médicos que nunca se realizaron. Además, se descubrieron casos de beneficiarios con propiedades y bienes incompatibles con el perfil socioeconómico requerido para recibir estas pensiones.
La auditoría también señaló la existencia de canales paralelos en la gestión de pensiones, donde solicitantes legítimos esperaban años para recibir sus beneficios, mientras que otros sin discapacidad accedían rápidamente. Este fraude no solo vulnera los derechos de las personas con discapacidad, sino que también representa un abuso de los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
