El Gobierno declaró la Emergencia en Seguridad Pública

El Gobierno Nacionaldeclaró este martes y por decreto la Emergencia deSeguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año, con el objetivo de revertir la «situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo.

A través de un comunicado, la Presidencia de la Nación informó que se declaró la Emergencia en Seguridad Pública y explicó que «la medida, que puede ser prorrogada al término de los 365 días de plazo que establece el decreto, va en sintonía con las metas esenciales que estableció el Presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves».

«El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código)», se indicó.

Además, se incluye los relativos delitos relativos «a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal)».

«Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de  extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364)», también están incluidos.

Entre las medidas que implica la Emergencia en Seguridad Pública, el Gobierno delegó a los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte «la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos», y concedió «la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional».

Otra de las implicancias de esta medida es la creación del Gabinete de Seguridad Humana, que se encargará de «coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia», y se autorizó «al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias».

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial «celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras».

La Emergencia también establece la creación del «Operativo Fronteras”, que reemplaza al «Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el «eficiente control” fronterizo.

También dispone «el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014», y establece «la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino».

Para finalizar, se informó que «serán declaradas «hostiles” aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para «perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional».