En un reciente desarrollo en el proceso de selección de jueces para la Corte Suprema, el Gobierno nacional ha desestimado las objeciones presentadas contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo. Mediante el decreto 785/2024, el Ejecutivo consideró “inadmisible” el recurso de revisión interpuesto por varias organizaciones y abogados, que cuestionaban la idoneidad de la postulación.
El recurso de revisión fue presentado el pasado 12 de junio por el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas organizaciones, entre ellas Será Justicia, Acción Conjunta Republicana (ACR), y la Asociación Civil Usina de Justicia, así como por reconocidos abogados como Alejandro Fargosi y Daniel Sabsay. Estos reclamaban la nulidad del acto administrativo que elevó la candidatura de Lijo al Senado, argumentando que no se cumplían los requisitos esenciales establecidos por la legislación vigente.
En respuesta, el Gobierno afirmó que el acto cuestionado no presentaba contradicciones ni se basaba en documentos falsificados o inexistentes, y que la remisión del pliego al Senado no constituía un acto de designación definitivo. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, desestimó las objeciones y reafirmó la validez del proceso de nominación.
Durante una reciente entrevista con Luis Majul en LN+, el presidente Milei defendió la designación de Lijo, resaltando su experiencia en el sistema judicial y su especialización en ciberataques, un tema que consideró relevante en el contexto actual. «Es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial. En el mundo moderno, los problemas vienen de los ciberataques, y Lijo es el único especialista en esos temas», sostuvo Milei.
El juez Lijo también defendió su candidatura en una extensa audiencia pública en el Senado, donde respondió a la mayoría de los cuestionamientos de los legisladores, aunque evitó pronunciarse sobre futuros casos específicos. Lijo destacó la necesidad de simplificar el recurso extraordinario y mejorar la respuesta ante distintas categorías de conflicto judicial.
Por otro lado, Manuel García Mansilla, el otro candidato propuesto por el Ejecutivo, también defendió su postulación en una reciente audiencia, enfrentando un exhaustivo cuestionario de la oposición, particularmente de los radicales y del kirchnerismo. La oposición buscó sin éxito vincular al candidato con intenciones políticas, sesgos partidarios o cuestiones de género.
Con las objeciones a la candidatura de Lijo resueltas, se espera que la Comisión de Acuerdos del Senado avance hacia la emisión del dictamen necesario para que los pliegos sean tratados en el recinto.
