El Gobierno está intensificando sus esfuerzos para asegurar la aprobación de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para el ingreso a la Corte Suprema. Con las audiencias públicas programadas para el 21 de agosto, la Casa Rosada ha puesto en marcha una estrategia para negociar directamente con Cristina Kirchner, con la esperanza de garantizar los votos necesarios en el Senado.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, está liderando las negociaciones por parte del Ejecutivo. Amerio ha iniciado contactos con senadores cercanos a Kirchner, pero la administración de Balcarce 50 busca establecer un diálogo directo con la expresidenta para discutir el respaldo de sus dieciséis senadores en Unidad Ciudadana. “Queremos sentarnos con ella para hablar de frente y entender su posición respecto a los votos”, declaró un miembro del gabinete.
El Gobierno ha afirmado que cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para impulsar la candidatura de Ariel Lijo, pero enfrenta dificultades para asegurar el apoyo necesario para Manuel García Mansilla. Actualmente, hay 33 senadores que respaldan a García Mansilla, pero el Ejecutivo está trabajando para llenar el vacío de apoyo requerido para su confirmación. La estrategia oficialista es que ambos pliegos se consideren en conjunto, y han solicitado a Lijo que colabore para sumar votos a favor del académico.
Además de negociar con el peronismo, el Ejecutivo busca influir en el PRO para obtener apoyo para Lijo. La postura del expresidente Mauricio Macri, quien ha expresado su desacuerdo con la propuesta del Gobierno y ha calificado de error la inclusión de Lijo, representa un desafío adicional. El jefe del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, ha mantenido conversaciones con altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a Karina Milei, Guillermo Francos, y Santiago Caputo, así como con el senador Alfredo Luis De Angeli.
En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el senador Francisco Paoltroni han expresado su oposición a la propuesta del Ejecutivo. En respuesta a esta oposición y a los desacuerdos internos, el Gobierno ha advertido que aquellos que no apoyen las iniciativas del presidente podrían quedar excluidos de futuras decisiones y proyectos.
El Gobierno también ha considerado la posibilidad de ampliar la Corte Suprema a nueve miembros e incluir más mujeres en el máximo tribunal. Sin embargo, la prioridad actual es asegurar la confirmación de los dos candidatos propuestos.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha decidido no insistir en la ocupación de la Procuración General de la Nación, actualmente en manos interinas de Eduardo Casal, y enfocarse en acelerar la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que también implicará negociaciones con el PRO.
La situación continúa evolucionando, y el resultado de las negociaciones en curso será crucial para el futuro de las candidaturas a la Corte Suprema y la estabilidad política en el Senado.
