En una medida orientada a la optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos, el Gobierno nacional ha anunciado la baja de 71 contratos de alquiler de oficinas, lo que representa un ahorro anual de $2.298.218.220. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, llevó adelante esta iniciativa.
La reducción de estos contratos, distribuidos en todo el territorio nacional, genera un ahorro mensual de $191.518.251, contribuyendo significativamente a la reducción del gasto público. El Gobierno realizó un exhaustivo relevamiento e implementó nuevos controles en el procedimiento de alquileres, racionalizando el uso de las oficinas existentes para garantizar una mejor utilización de los espacios disponibles.
Entre las bajas, se destacan 23 contratos en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de contratos en provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Estas oficinas albergaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversos organismos, entre ellos la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Policía Federal Argentina y ENACOM. La mayoría de los trabajadores han sido relocalizados en oficinas y edificios propiedad del Estado Nacional.
Siguiendo los lineamientos del director Nicolás Pakgojz, el Gobierno planea continuar con esta política de optimización, previendo la baja de 106 contratos de alquiler adicionales en el futuro cercano. Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno con la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos del Estado, buscando una gestión pública más eficaz y responsable.
