La cartera de Capital Humano, dirigida por Sandra Pettovello, ha logrado entregar el 86% de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. Hasta el 28 de agosto, de los casi seis millones de kilos de alimentos destinados a la asistencia de sectores vulnerables, se han distribuido 2.230.573 kilos, dejando pendientes 352.648 kilos por retirar por parte de las provincias.
La entrega de estos alimentos ha sido un punto de conflicto entre el Gobierno y los movimientos sociales, que han impulsado medidas judiciales para asegurar la distribución de los recursos. El juez Sebastián Casanello, a solicitud del abogado y precandidato presidencial Juan Grabois, ordenó la distribución y la especificación de un cronograma de entregas.
La subsecretaría Legal del Ministerio de Desarrollo Social, bajo Leila Gianni y Ariel Romano, argumentó que la implementación de programas de seguridad alimentaria es una potestad del Poder Ejecutivo y no del Judicial. La cartera ha señalado que solo los «comedores verificados» recibirán asistencia directa a través del programa Alimentar Comunidad, y que la distribución de alimentos a provincias se basa en el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE), que mide la vulnerabilidad en función de las condiciones de vida de los hogares con niños en edad escolar.
Además, tras el fallo judicial, Capital Humano adquirió otros 2.545.022 kilos para situaciones de emergencia, sumando un total de 8.164.928 kilos de alimentos en los depósitos. Sin embargo, 3.036.685 kilos de este total son de «yerba mate con palo judicializada», cuya entrega está pendiente de la certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
El gobierno ha coordinado esfuerzos de emergencia, incluyendo el envío de ayuda a provincias afectadas por desastres naturales. Desde la cartera se ha argumentado que, una vez completada la entrega de los alimentos judicializados, el caso debería cerrarse. No obstante, desde el movimiento liderado por Grabois se acusa al Gobierno de desfinanciar la política pública y no comprar suficientes alimentos.
En respuesta, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, defendió las políticas actuales, destacando incrementos en la asistencia alimentaria y la mejora en la cobertura de la canasta básica. La ministra Pettovello también ha criticado a los dirigentes sociales por su rol en la intermediación de recursos y ha enfatizado la necesidad de un manejo directo y transparente de la ayuda alimentaria.
A pesar del intenso debate y las acusaciones cruzadas, la realidad en las calles refleja una preocupación continua por asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
