Tras la polémica sesión en la que el Senado desplazó a los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner, este jueves el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial los decretos que oficializan esa medida.
Sin la oposición de Juntos por el Cambio, el oficialismo del Senado aprobó este miércoles remover de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al juez Germán Castelli, quienes intervienen en causas de corrupción ligadas a Cristina Kirchner.
Ahora, en un suplemento del Boletín Oficial difundido en la mañana de este jueves, el Gobierno dio el paso necesario para oficializar esa medida, aunque los tres magistrados están a la espera de una decisión de la Corte Suprema.
El presidente Alberto Fernández firmó los decretos 750, 751 y 752/2020 que dejan «sin efecto» los traslados de Bruglia, Castelli y Bertuzzi, respectivamente.
En los tres casos, el Gobierno señala que no se completó «el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas Nros. 4/18 y 7/18″.
El rechazo de los traslados fue aprobado en la cámara alta por 41 votos a favor del oficialismo y sus aliados. “Por unanimidad”, subrayó el jefe de la bancada oficialista, José Mayans. Ninguno de los 29 senadores opositores participó de la votación.
Bruglia y Bertuzzi fueron nombrados en 2018 por Mauricio Macri para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal. Castelli fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los “Cuadernos”. Dijo que no va a reconocer lo que aprobó el Senado. “Yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Si me quieren sacar, que me saquen a empujones delante de la gente», aseguró a la TV.
La Cámara Federal de Casación Penal falló contra los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y de German Castelli, del TOF 7. Habían sido trasladados por Mauricio Macri en 2017 y 2018. El Senado rechazó esos traslados y Alberto Fernández firmó los decretos que establecen su regreso a los juzgados de origen. Casación apoyó estas resoluciones.
Mientras los tres jueces le pidieron a través de una carta a la Corte Suprema que resuelva dónde cumplirán sus funciones, la Cámara de Casación Penal ya dispuso que deben volver al puesto donde estaban hace dos años antes de que Macri los trasladara por decreto.
Así Bruglia deberá volver al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de CABA, Bertuzzi al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín.
Por unanimidad se aceptaron los decretos, sin embargo, con tres votos contra dos, se dispuso «hacer cesar las subrogancias» de los jueces que habían reemplazado a los tres antes mencionados. Los votos positivos fueron de la presidenta de la Cámara, Angela Ledesma, y de Mariano Borinsky y Ana María Figueroa, mientras que Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi votaron por limitarse a «elevar» la situación a la Corte. De todas maneras, se advierte que los subrogantes deberán concluir con los juicios orales en trámite.
La decisión de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, llegó luego de que el Consejo de la Magistratura les notificara este medio día la decisión de dejar sin efecto los traslados de los tres jueces.
Pese a esta decisión, Bertuzzi, Bruglia escribieron una carta dirigida al presidente del Alto Tribunal Carlos Rozenkrantz y extensible a los demás miembros de la Corte, Bertuzzi y Bruglia pidieron que dispongan los «destinos funcionales» que deberán ocupar a partir de ahora, esto es, «dónde» y «de qué manera» desempeñarán sus funciones
Luego, en otra misiva similar, hizo lo propio el juez Castelli, los tres desplazados este miércoles por el Frente de Todos en el Senado y devueltos a sus cargos originales.
Los magistrados plantean como alternativa a los supremos la posibilidad de concederles a ambos una «licencia de carácter extraordinario» hasta tanto se definan sus planteos judiciales.
Con Cristina al frente y sin la oposición, avanzaron contra Bruglia, Bertuzzi y Castelli
En la carta enviada a la Corte, los tres jueces cuestionan la legalidad de la decisión del Senado y de los decretos presidenciales que dan marcha atrás con sus traslados, y advierten que los mismos sólo pueden ser revocables por decisión judicial y no administrativa.
Por ello aseguran que los decretos de Mauricio Macri que habilitaron los traslados sólo «deberían ser revocados con intervención judicial, algo que tiene pendiente la Corte Suprema y que hasta el momento sólo respondió que tendrá «presente».
En su momento, los tres magistrados también habían sido trasladados por un decreto del Ejecutivo, sin acuerdo del Senado, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y recientemente intervenían en causas en las que se investigan presuntos actos de corrupción y en las que está involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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