Las recientes investigaciones judiciales y una auditoría del Gobierno han sacado a la luz un esquema de corrupción que afecta gravemente a la administración de pensiones no contributivas por discapacidad laboral en Argentina. Este mecanismo, que ha operado durante más de una década, involucra a médicos, gestores y funcionarios, y ha llevado a la entrega de pensiones a personas que no cumplen con los requisitos, en detrimento de aquellos que realmente las necesitan.
Red de Corrupción y Certificados Médicos Insólitos
Los hallazgos incluyen casos absurdos y evidentes de fraude en la tramitación de pensiones. Entre los ejemplos más llamativos se encuentran certificados médicos con diagnósticos absurdos, como un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner, y radiografías de animales, como la de un perro. Según el fiscal federal Guillermo Marijuan, se descubrieron múltiples expedientes que compartían el mismo estudio médico, y se encontraron certificados apócrifos junto con la denuncia de médicos que alertaron sobre el uso indebido de sus matrículas para crear documentos fraudulentos.
Uno de los casos más notables involucra a la Alcaldía de Taco Pozo, en Chaco, donde hasta el 10% de la población cuenta con una pensión no contributiva por invalidez laboral, la mayoría de ellas fraudulentas. El fiscal Carlos Amad ha identificado numerosas irregularidades, incluyendo la entrega de pensiones a personas sin discapacidad real y la existencia de familias enteras con certificados de discapacidad laboral.
Impacto Financiero y Futuras Bajas de Beneficios
Las investigaciones indican que el costo de este fraude al Estado podría alcanzar los 3.400 millones de dólares anuales. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, ha comenzado a auditar aproximadamente 400,000 pensiones en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con planes de extender la revisión a nivel nacional. Se estima que entre 120,000 y 160,000 pensiones podrían ser dadas de baja en los próximos meses, y el número final podría llegar a medio millón.
Un informe de la ANDIS señala que durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos representó el 40% del monto anual destinado a estas pensiones. Además, se identificó una red de corrupción que permitió que estos beneficios se otorgaran sin la auditoría médica adecuada.
Críticas y Repercusiones Políticas
El fiscal Marijuan ha señalado que las provincias gobernadas por el partido Unión por la Patria, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y Buenos Aires, han sido las más beneficiadas por este esquema de corrupción. También ha afirmado que en provincias donde el gobernador no era un aliado político, los arreglos se realizaban a nivel local con los intendentes.
Desde la Casa Rosada, se ha acusado a los gobiernos anteriores de utilizar las pensiones como moneda de cambio para favores políticos. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral creció de 80,000 a 1,050,000, un aumento sin precedentes. El gobierno de Mauricio Macri mantuvo la cifra constante, pero la administración de Alberto Fernández vio otro aumento hasta llegar a 1,250,000 pensiones al final de 2023.
Un alto funcionario del Gobierno ha descrito este esquema como un «curro más de la casta», que vulnera los derechos de las personas con discapacidad y es injusto para los contribuyentes que creen que sus impuestos están destinados a ayudar a los más necesitados.
Las auditorías y las investigaciones continúan, y se espera que las medidas tomadas para erradicar este fraude también sirvan para mejorar la transparencia y la eficacia en la administración de las pensiones por discapacidad en el futuro.
