Este martes 20 de agosto, docentes y personal no docente universitario iniciaron un paro de 48 horas en protesta por los incrementos salariales insuficientes ofrecidos por el Gobierno nacional. La medida, que se extenderá hasta la noche del miércoles 21, ha paralizado las actividades en universidades de todo el país, afectando el inicio del ciclo académico tras la reciente suspensión de clases.
La causa principal de la huelga es la reciente propuesta del Gobierno, que contempla un incremento del 3% en agosto y del 2% en septiembre, muy por debajo del 40% solicitado por los gremios. Esta discrepancia en las negociaciones ha llevado a los sindicatos a intensificar sus acciones.
Reclamos y Declaraciones
El Frente Sindical Universitario ha convocado a todos los trabajadores de las universidades nacionales a unirse a las jornadas de protesta. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó duramente al Gobierno, afirmando que «el ajuste salarial es mucho mayor que el de otros sectores de la administración pública» y que los salarios actuales «están por debajo de la línea de pobreza».
Yacobitti también denunció que el Gobierno busca deteriorar la universidad pública y sugirió que Javier Milei, el actual Ministro de Economía, pretende cerrar estas instituciones, calificándolas como parte de una «organización criminal».
Apoyo Gremial y Nuevas Acciones
El paro cuenta con el respaldo de importantes organizaciones gremiales, entre ellas la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), y otras asociaciones relevantes.
Además del paro de 48 horas, los gremios están considerando convocar una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre, tras la manifestación nacional realizada en abril.
Reclamaciones en la UBA y Deterioro Salarial
En la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho aprobó una declaración en la que se solicita al Gobierno una respuesta rápida y sensible a la crisis salarial. Los docentes y no docentes han experimentado un deterioro salarial del 40% en relación con la inflación acumulada, y han quedado rezagados respecto a la pauta general de aumentos en el sector público.
Aunque el Gobierno había prometido una actualización del presupuesto para las universidades tras la marcha de abril, sólo se efectivizaron aumentos para los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% del total del presupuesto universitario.
La situación sigue siendo crítica y el futuro del diálogo entre el Gobierno y los gremios universitarios permanece incierto.
