Deriva autoritaria del Gobierno frente al escándalo de corrupción.
La Rosada persigue a periodistas y abogados con el insólito argumento de que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la AFA. La prohibición de difundir las filtraciones no sólo abarca a Karina Milei, sino a “funcionarios y exfuncionarios”, una clara intención de ponerle coto al tema con las elecciones a la vuelta de la esquina. El juez Maraniello hizo lugar a la cautelar, acorralado por denuncias en su contra.
El gobierno de Javier Milei salió a silenciar y perseguir periodistas para tapar el escándalo de las coimas en Discapacidad y la feroz interna libertaria que dio origen a los audios de la corrupción. Censura previa, pura y dura. A través de dos denuncias, una penal y otra civil, el gobierno libertario pidió allanamientos a comunicadores y abogados con el insólito argumento de que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En las 20 páginas de la denuncia penal no se menciona a Diego Spagnuolo ni aparecen las palabras coimas o medicamentos para discapacitados con “el 3 por ciento para Karina”. Menos aún se menciona a los libertarios que evidentemente grabaron los audios, dado que unos se originaron en la Casa Rosada -lugar al que no tienen acceso ni kirchneristas ni rusos ni venezolanos ni bolivianos-. Tampoco figuran otros audios que provienen de un libertario al que Spagnuolo recurrió porque “los Menem y Karina se la llevan toda y yo pongo la firma”. El juez civil Alejandro Maraniello enseguida le dio curso a una cautelar poniéndole cepo a los audios y prohibiendo su difusión. Maraniello tiene ocho denuncias por acoso y abuso sexual y parece querer congraciarse con los Milei porque está acusado en el Consejo de la Magistratura y también en un expediente que tramita la jueza María Servini.
Gestos muy desesperados
Todo indica que el gobierno tomó nota de la catástrofe de Corrientes, donde La Libertad Avanza (LLA) quedó cuarta, y de la brutal caída en las encuestas, a días de una elección clave como es la de Provincia de Buenos Aires. De hecho, en la denuncia presentada este lunes se considera que la difusión de las confesiones de Spagnuolo buscan “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar y de este modo influenciar el proceso electoral”. La denuncia la firma Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich, pero tiene todo el aval de la Casa Rosada, porque de inmediato la retwiteó Javier Milei. Y, casualmente, o casualmente, el expediente recayó por sorteo en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Carlos Stornelli, dos piezas del entramado macrista en Comodoro Py.
