En medio de la investigación por la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, el Gobierno está revisando la lista del personal que trabajó en la quinta presidencial de Olivos. Se trata de un esfuerzo por proporcionar a la Justicia la información necesaria para esclarecer los hechos denunciados.
La revisión incluye los datos de ingresos y egresos de los trabajadores de limpieza, cocineros y mozos que prestaron servicios en el chalet y en la casa de huéspedes de la residencia presidencial. “Estamos armando el documento. Lo vamos a mandar en el corto plazo”, afirmó un funcionario al respecto.
Además, el Gobierno está recopilando las constancias de atención médica que Fabiola Yañez recibió del ex titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, desde 2019 hasta 2023. También se incluirán los registros de ingreso del médico y de cualquier otra visita de su equipo médico.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien supervisa Casa Militar, está encargada de responder al pedido del fiscal federal Ramiro González. En cuanto a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos, el Gobierno ha señalado que no hay registros disponibles. “Las cámaras tienen un disco rígido que se elimina cada 45 días para seguir grabando. Algunas duran hasta tres meses porque tienen menor definición. De 2021 no hay nada”, explicó un funcionario.
La empresa Automation Systems, que mantiene las cámaras, es propiedad del exteniente de fragata Armando Raúl Mayora. Aunque el contrato de mantenimiento de las cámaras fue ampliado por seis meses en marzo por $30.360.000, el Gobierno sostiene que no se generan archivos de video.
La Justicia sigue esperando que el Ejecutivo responda a los pedidos de documentación y no descarta realizar nuevas solicitudes si es necesario. Se busca corroborar si los registros médicos coinciden con las acusaciones de Yañez, motivo por el cual el fiscal ha solicitado las historias clínicas de Fabiola Yañez a los centros médicos Otamendi, SANAR y Clínica Fertilis para los años 2016 y 2017.
El fiscal también ha citado a declarar a la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, al médico Saavedra, y a la madre de la denunciante, Miriam Yañez Verdugo, así como a Sofía Pacchi.
Por otro lado, el juez federal Julián Ercolini desestimó el pedido de González para realizar una inspección judicial en la residencia presidencial y ordenó investigar las llamadas entre Yañez y Fernández desde 2016 hasta finales de 2023.
El Gobierno no ha confirmado si presentará los datos del personal de Casa Militar que acompañó a Yañez en un viaje a Misiones en 2021. Un sector de la Casa Rosada ha manifestado su preocupación por sentar un precedente y se apoya en el secreto profesional firmado por el personal en sus contratos.
