La investigación sobre la millonaria estafa perpetrada a través de la plataforma de «inversión» Peta ha retomado su curso tras el receso judicial de invierno. Expertos en ciberdelitos y delitos económicos están trabajando intensamente bajo la supervisión de la Fiscalía para esclarecer los detalles de esta estafa que ha afectado a miles de santiagueños.
Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos se han solicitado diversas medidas para avanzar en la investigación de esta estafa piramidal, que ha dejado más de 80 mil damnificados en la provincia. La plataforma Peta, que el pasado 17 de julio congeló los retiros de capital para todos los usuarios, ha sido identificada como el epicentro de esta estafa, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.
Hasta la fecha, se han presentado más de 300 denuncias formales contra los responsables de la plataforma. Sin embargo, el número de denuncias podría ser mucho mayor, ya que muchos afectados aún no se han decidido a reportar el fraude, ya sea por desconfianza en la posibilidad de recuperar el dinero, falta de recursos para contratar un abogado, o dificultades para justificar el origen de los fondos invertidos.
La Dra. Mariela Bitar de Papa, coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, ha solicitado la colaboración de los departamentos de Ciberdelitos y Delitos Económicos para abordar la investigación. Los especialistas están encargados de desentrañar el origen y funcionamiento de la plataforma Peta, incluyendo su registro, dominio y los responsables detrás de la misma.
Además, la Fiscalía ha comenzado a tomar declaraciones testimoniales de los denunciantes para obtener más detalles sobre la operación de la plataforma y fortalecer el caso. La investigación se centra en identificar a los líderes o máximos responsables de la estafa para que puedan rendir cuentas ante la Justicia.
Mientras tanto, la Justicia está considerando medidas de custodia para los presuntos líderes de la estafa, en un intento por asegurar que se tomen acciones adecuadas contra quienes resulten responsables. La comunidad sigue a la espera de avances significativos en la causa, que promete ser una de las más complejas del ámbito del ciberdelito y fraudes económicos en la región.
