- Lo requirieron el fiscal federal Carlos Schaefer, quien estará a cargo del juicio oral, y la abogada querellante María Belén Russo Cornara.
- Entre los apuntados como parte de esas operaciones se menciona a Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y a la periodista Kitty Sanders.
- El nene tenía 5 años cuando desapareció en un paraje cercano a 9 de Julio, Corrientes, luego de almorzar en lo de su abuela con un grupo de personas.
El fiscal federal Carlos Schaefer y los abogados de la familia de Loan Danilo Peña pidieron que la jueza Cristina Pozzer Penzo abra una investigación paralela para establecer si en el caso hubo «operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal» por parte de los servicios secretos rusos.
El primero en realizar una denuncia, sin apuntar a ningún actor en particular, fue Schaefer, quien encabezará la acusación durante el juicio oral y público a las siete personas que están acusadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la sustracción del chico correntino, y otras diez a las que le endilgaron un intento de desvío de la investigación.
El fiscal federal general de Corrientes sostuvo que «recientes investigaciones periodísticas han revelado una trama de desinformación financiada por servicios de inteligencia rusos en Argentina, la cual habría utilizado diversos temas de alta sensibilidad social, incluido el caso Loan, para generar inestabilidad política».
En ese sentido, indicó que «Rusia pagó miles de dólares a distintos medios de comunicación y portales digitales argentinos para publicar contenidos diseñados para desgastar al gobierno actual… esas campañas de desinformación mediática habrían impulsado narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña con el fin de capitalizar el malestar social y dirigirlo contra las instituciones», agregó Schaefer en un escrito dirigido a la jueza Pozzer Penzo y el fiscal Martín de Guzmán.
La abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia Peña, se sumó a la denuncia y pidió la apertura de un nuevo legajo de investigación «con el objeto específico de investigar posibles operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal».
Para Russo Cornara, el caso Loan se caracterizó «por la irrupción sistemática de relatos paralelos, la aparición de supuestos testigos sin validación procesal, la intervención de actores extra institucionales y la amplificación mediática de versiones carentes de sustento probatorio».
En ese sentido, mencionó la aparición de personas que «se autopresentaron como testigos, expertos o auxiliares informales» pero también «la circulación de versiones contradictorias y la generación de contenido mediático orientado a instalar determinadas hipótesis».
Incluso mencionó el «eventual financiamiento para la propagación de contenidos» falsos del caso.
A criterio de la querella, «la cuestión central ya no reside únicamente en determinar la falsedad o inconsistencia de determinadas intervenciones, sino en establecer si existe un circuito organizado -formal o informal- de producción, financiamiento y amplificación de contenidos e intervenciones destinadas a incidir en el curso de la investigación penal» del caso Loan.
Desde la querella consideran que estas maniobras podrían encuadrar en los delitos de encubrimiento agravado, asociación ilícita y entorpecimiento de una investigación penal.
Entre los apuntados como parte de esas operaciones se menciona a Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y a la periodista Kitty Sanders, quien se presenta además como investigadora en materia de criminalidad organizada y trata de personas.
