El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por defraudar al Estado nacional en millones de pesos. Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita han reunido pruebas suficientes para demostrar que Belliboni desvió una parte de los 360 millones de pesos que recibió la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado a empresas fantasmas mediante facturas falsas. Este desvío tenía como fin ocultar el destino real del dinero.
Las investigaciones revelaron que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron seis empresas, incluyendo Rumbos, Coxtex, RicoPrint, UrbanGraphics, Carlos Monfrini y Miniso Trade, para justificar gastos ficticios ante el exministerio de Desarrollo Social. Al menos 40 millones de pesos fueron canalizados a través de estas firmas. La imprenta Rumbos, con domicilio fiscal en la sede del Partido Obrero, recibió parte de estos fondos y realizó aportes electorales por 18 millones de pesos al partido, además de contratar una empresa de publicidad para su campaña.
Se probó que los dirigentes del Polo Obrero desviaron dinero destinado a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, utilizando parte de estos fondos para financiar al Partido Obrero, con cápitas mensuales que oscilaban entre 2000 y 5000 pesos. Esta plata también habría sido transferida a la cooperativa El Resplandor Limitado.
Además, el fiscal Pollicita está investigando la posible participación de exfuncionarios del ministerio de Desarrollo Social, liderado por Emilio Pérsico durante la presidencia de Alberto Fernández. Se examina si hubo omisión o error en el control de las facturas apócrifas presentadas por el Polo Obrero. Los investigadores están tratando de determinar si la falta de control fue un descuido involuntario o si hubo una orden desde los altos mandos para ignorar estas irregularidades.
Una fuente judicial subrayó que el Ministerio de Desarrollo Social debería haber detectado que la empresa Coxtex, mencionada por el Polo Obrero para la compra de computadoras y software, estaba catalogada como apócrifa por la AFIP desde noviembre de 2020. También se cuestiona por qué no se investigaron facturas de empresas sin historial comercial como Miniso Trade.
