La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) pidió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que se den a conocer las declaraciones juradas de los jueces y reclamó información al titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, sobre las empresas contratadas para la ejecución de obras y la prestación de servicios en ese cuerpo.
En una carta a Lorenzetti -que lleva la firma también del legislador de la CC-ARI Fernando Sánchez-, Carrió subrayó la «importancia» de que «todo funcionario» haga «público su patrimonio» y consideró que no existen «motivos para una respuesta negativa a la requisitoria».
«Ayuda a afianzar la justicia y a generar confianza en la ciudadanía en relación a los miembros de ese poder del Estado que deciden sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos”, destacó la diputada en su escrito y argumentó que su pedido “tiene sustento en el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
El pedido alcanza a todos los ministros de la Corte y a todos los magistrados del orden federal y de todos los fueros, instancias y jurisdicciones, además del secretario general de administración y el titular del comité de Inversiones y Alquileres.
Por otro lado, los legisladores de Cambiemos solicitaron al Consejo de la Magistratura información sobre las «empresas contratadas para la ejecución de obras y prestación de servicios por el Comité de Inversiones y Alquileres dependiente de la Comisión de Administración y Financiera» de ese cuerpo.
“Como es de conocimiento público, en la actualidad están saliendo a la luz diversos casos de corrupción, no sólo de personas vinculadas al poder sino, aún peor, de diversas empresas conformadas con el único fin de estafar al erario público; es necesario que todas las contrataciones que se realizan desde cualquiera organismo público sean transparentes y de fácil acceso a la sociedad”, fundamentó.
El punteo de información incluye el «estado de ejecución de las obras pendientes realizadas en los últimos diez años con el mayor grado de detalle posible; los pagos realizados por cualquier concepto respecto de esas obras; las empresas adjudicatarias, los proveedores y el método de adjudicación de cada obra pública».
