La tensión ha aumentado en la residencia oficial de la Argentina en Caracas después de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara la expulsión de todo el personal diplomático argentino de Venezuela. El conflicto se ha intensificado debido a la situación de seis asesores de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, quienes se encuentran bajo protección de asilo diplomático en la embajada argentina desde abril.
El gobierno de Javier Milei está en una carrera contra el reloj para asegurar la permanencia y seguridad de estos asilados. La preocupación principal es que, si los diplomáticos argentinos, encabezados por el encargado de negocios Andrés Mangiarotti, abandonan la residencia, los asesores de Machado perderían la protección que actualmente tienen.
Para resolver esta crisis, se han activado dos mecanismos de negociación. El primero es la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que permite que un país miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reciba a asilados de otro país miembro. En este contexto, Brasil se perfila como el candidato principal, ya que sería prácticamente el único país capaz de garantizar la seguridad de los opositores venezolanos. Sin embargo, Brasil se encuentra en negociaciones intensas sobre el reconocimiento de los resultados de las elecciones venezolanas del domingo pasado, lideradas por el excanciller Celso Amorim.
Como segunda opción, el gobierno argentino ha intensificado las gestiones para obtener un salvoconducto que permita a los asesores de Machado salir de Venezuela sin ser detenidos. Las negociaciones bilaterales han enfrentado obstáculos debido a las demandas del chavismo. La canciller Diana Mondino y otras autoridades argentinas están presionando para lograr este salvoconducto, mientras que se espera una declaración de la Unión Europea y la presidencia húngara del Consejo Europeo para mañana por la mañana, en apoyo a la protección de los asilados.
Mondino ha manifestado que no cree que la situación llegue a un punto en el que los asilados queden sin protección, subrayando que tal escenario sería una afrenta al país y una violación de las normas internacionales. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo negociaciones con demócratas estadounidenses para que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se pronuncie sobre el asunto, en busca de presión adicional de las potencias occidentales para obtener el salvoconducto necesario.
El gobierno argentino está en una carrera contra el tiempo para asegurar la salida segura de los asilados en un contexto de creciente tensión diplomática con Venezuela y la presión de la comunidad internacional.
