La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha confirmado que no accedió al reclamo presentado por la Fundación Apolo para retirar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, en medio de las acusaciones de violencia de género formuladas por la ex primera dama, Fabiola Yañez.
La Fundación Apolo había solicitado que se anulara el beneficio a Fernández, argumentando que el expresidente había incumplido el requisito de “mérito y honor” debido a las acusaciones en su contra. Sin embargo, la ANSES aclaró que la jubilación de privilegio es un derecho adquirido y que solo la Justicia puede intervenir en este aspecto mediante una sentencia firme.
El organismo indicó que, a pesar de las denuncias, la jubilación de privilegio de Fernández se mantiene inamovible, dado que es un derecho adquirido desde el momento en que se empieza a cobrar tras dejar la función pública. La normativa vigente establece que una jubilación de privilegio no puede ser suspendida o retirada por decisiones administrativas o políticas.
“Por más delitos de corrupción, es un derecho y no se la pueden sacar. Le pueden embargar sus bienes, pero no le pueden tocar la jubilación porque es inembargable,” explicó una fuente especializada. Esto significa que, aunque Alberto Fernández sea condenado en la causa por violencia de género o en otros casos relacionados con contrataciones irregulares durante su gestión, continuará recibiendo su jubilación.
De acuerdo con el Artículo 19, inciso 4 del Código Penal, una jubilación de privilegio puede ser suspendida, pero el beneficio pasaría a ser percibido por los parientes con derecho a pensión del beneficiario. El beneficiario podría recuperar su jubilación una vez cumplida la condena.
La Fundación Apolo había solicitado la revisión del beneficio en un contexto de creciente presión pública y política, pero la ANSES reafirmó que cualquier cambio en el estatus de la jubilación de privilegio debe ser determinado exclusivamente por la justicia.
El caso de Alberto Fernández sigue bajo la atención de la opinión pública, mientras se continúa investigando la denuncia por violencia de género y otros posibles delitos asociados a su administración.
